La cultura política (2/3)

La religión

La mayoría de religiones contienen valores sociales y humanos que nada tienen que ver con el fundamentalismo y adoctrinamiento que promueven sus instituciones. La libertad de culto, compatible con las demás libertades y derechos, provoca conflictos cuando los seguidores de una confesión quiere imponer sus ideas al resto de la sociedad civil. Del voluntarismo al autoritarismo va un paso y eso es algo que ya hemos vivido en este país.

Dicho esto, procedamos a estudiar la relación entre el Estado y las distintas religiones en nuestro país.

Un Estado puede ser confesionalaconfesional o laico según su relación con las instituciones religiosas del país. En nuestro caso, tenemos un Estado aconfesional según recoge el apartado 3 del artículo 16 de la Constitución Española:

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

¿Puede ser un Estado aconfesional y a la vez cooperar con distintas confesiones? Si asumimos que así es y que no hay ninguna contradicción, entonces todas las confesiones deberían recibir un mismo trato y gozar de igualdad de condiciones ¿no?.

En enero de 1979, un mes después de la ratificación de la Constitución, se firmaba un nuevo Concordato entre la Santa Sede y el Estado que concedía una serie de privilegios fiscales a la Iglesia Católica[6][7]. En ese momento se colocaba a la Iglesia Católica por encima de las demás confesiones y otras instituciones.

Los acuerdos de cooperación con las demás confesiones no llegaron hasta el año 1992 a través de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa (LOLR)[8]. Y hasta finales del año 2002, con la entrada en vigor de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, no se equipararon fiscalmente a todas las instituciones no lucrativas (entre ellas las religiosas).[9]

Aunque con retraso, uno podría pensar que una vez equiparado (más o menos) el tema fiscal se podría llegar a una igualdad religiosa por parte del Estado pero ahí no termina la cosa.

¿Por qué parte de mi Declaración de la Renta va a parar a la Iglesia aunque no marque la casilla? ¿Existe una separación real entre Iglesia y Estado a la hora de legislar según que temas o en materias como la educación? ¿Cuántas inmatriculaciones de bienes a favor de la Iglesia se han realizado vía el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946[10]? ¿Por qué no se ha incluido a la Iglesia y a las demás confesiones en el proyecto de Ley de Transparencia[11][12]? ¿Cuánto dinero reciben en subvenciones públicas[13][14]?

Hay todavía demasiados aspectos que hacen que este país diste mucho de ser un Estado aconfesional. La Iglesia Católica conserva y ejerce demasiado poder y así lo demuestra su influencia en los sucesivos gobiernos que ha tenido nuestra actual democracia, independientemente de su color.[15]

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