Pisos turísticos ¿especulación inmobiliaria o economía colaborativa?

Las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb, Homestay o Wimdu, han supuesto una revolución en el sector del alojamiento turístico y ya representan un 25% del mercado español según un estudio realizado por “The Ostelea Business School of Tourism & Hospitality en el año 2015.

Estas plataformas forman parte del creciente modelo de la economía colaborativa, concretamente del denominado alojamiento peer-to-peer (P2P). Un modelo basado en la compartición o intercambio de recursos propios y no en la generación de nuevos. La mayor parte de los usuarios de plataformas colaborativas (en España) participan en este modelo por el ahorro (64%), el menor impacto medioambiental (59%), el refuerzo de la comunidad (59%) y la posibilidad de lucro (54%).

Con estos datos en la mano, la primera impresión sobre este modelo suele ser muy positiva, pero, si analizamos a fondo la realidad del sector del alojamiento turístico, no todo es de color de rosa.

La proliferación de los denominados “pisos turísticos” está generando un problema de convivencia entre los arrendatarios de estos pisos y la población residente (el llamado “turismo de borrachera”). Un conflicto social que ha generado protestas vecinales y que está en la agenda política de muchos ayuntamientos, teniendo como caso emblemático el municipio de Barcelona.

Aunque la convivencia sea la parte más vistosa del problema de los “pisos turísticos”, su rentabilidad superior respecto al alquiler no vacacional está generando otras problemáticas. En Barcelona, según un estudio de la consultora EY de 2015, los beneficios que genera un alquiler medio de 750 eur pueden subir hasta 1.670 euros (+123%) como “piso turístico”.

Entre estas problemáticas destaca la especulación inmobiliaria que, avivada por la presión turística descontrolada, está provocando una escasez del alquiler convencional y un aumento del coste de la vida (con alto riesgo de gentrificación de algunos barrios). Sólo hay que echar un vistazo a los datos.

En el último informe trimestral de 2016 del portal inmobiliario idealista.com, se constata que Barcelona es la ciudad del Estado donde porcentualmente sube más el alquiler (+22,4%) y, según un informe sobre el mercado de la vivienda elaborada por Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), cuatro de cada diez inmuebles que se compraron en Barcelona durante el primer semestre de 2016 fueron adquiridos por inversores inmobiliarios.

La alta demanda residencial que tienen municipios como Barcelona, sumada al fenómeno de los “pisos turísticos”, está suponiendo un reto para los reguladores públicos. El derecho al acceso a la vivienda está cada vez menos garantizado y parece que la economía colaborativa, dentro de la lógica del mercado y el afán de lucro, está siendo más parte del problema que de la solución. Habrá que seguir trabajando en nuevos modelos económicos que garanticen plenamente los derechos de la ciudadanía.

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