La tragedia de los comunes (en mi gimnasio)

Cuando hablo de la tragedia de los comunes, no me refiero al partido de Ada Colau y compañía, sino a la parábola expuesta por el matemático William Forster Lloyd en el año 1883 que, posteriormente, recuperó Garrett Hardin en su famoso artículo titulado The Tragedy of the Commons (publicado en 1968).

El dilema de los comunes cuenta la historia de un grupo de pastores que utilizaban una misma zona de pastos de propiedad comunal. Uno de los pastores pensó un día que podía añadir una oveja más a las que pacían en los pastos comunes pensando que su impacto apenas afectaría a la capacidad de recuperación de los pastos. Los demás pastores, individualmente, pensaron lo mismo también. Al final, la suma del deterioro imperceptible causado por cada oveja de más que añadieron los pastores arruinó los pastos comunes y, consecuentemente, tanto animales como pastores murieron de hambre.

He recuperado esta parábola que gira alrededor de la responsabilidad individual y el efecto de la suma de acciones individuales sobre la colectividad para ilustrar como la tragedia de los comunes sigue bien viva en nuestro día a día, concretamente, en un espacio tan cotidiano com es un gimnasio.

Hoy me quedé perplejo al ver como un socio del gimnasio se echaba una cantidad del jabón común del vestuario masculino como para ducharse una semana entera y, seguidamente, más perplejo aún al ver como varios socios se secaban el cuerpo con uno o hasta dos secadores de mano a la vez (en pleno mes de junio!). ¿Por qué usar la toalla cuando se puede usar el secador “gratis”?

Este despilfarro individual de producto (jabón) y energía (electricidad) tiene consecuencias económicas y ecológicas negativas que no solo afectan a la gente abonada al gimnasio, sinó que también afectan al resto de la población.

Por un lado, si todos los socios y socias actuaramos de la misma forma acabaríamos provocando una subida de la cuota mensual del gimnasio. Por otro lado, el aumento de la demanda de energía, aparte de las prevesibles consecuencias ambientales, también se podría traducir en una subida del precio de la energía para toda la población.

En conclusión, cuando no existe una autoregulación individual, ¿qué tenemos que hacer? ¿Privatizar el jabón y el secador (modelo liberal)? ¿Instaurar una autoridad de control en el vestuario (modelo estatista)? ¿Regular ese tipo de comportamiento entre todos los socios y socias (modelo comunalista)? La vida es política.

La tragedia de los comunes (en mi gimnasio)

Pisos turísticos ¿especulación inmobiliaria o economía colaborativa?

Las plataformas de alquiler vacacional, como Airbnb, Homestay o Wimdu, han supuesto una revolución en el sector del alojamiento turístico y ya representan un 25% del mercado español según un estudio realizado por “The Ostelea Business School of Tourism & Hospitality en el año 2015.

Estas plataformas forman parte del creciente modelo de la economía colaborativa, concretamente del denominado alojamiento peer-to-peer (P2P). Un modelo basado en la compartición o intercambio de recursos propios y no en la generación de nuevos. La mayor parte de los usuarios de plataformas colaborativas (en España) participan en este modelo por el ahorro (64%), el menor impacto medioambiental (59%), el refuerzo de la comunidad (59%) y la posibilidad de lucro (54%).

Con estos datos en la mano, la primera impresión sobre este modelo suele ser muy positiva, pero, si analizamos a fondo la realidad del sector del alojamiento turístico, no todo es de color de rosa.

La proliferación de los denominados “pisos turísticos” está generando un problema de convivencia entre los arrendatarios de estos pisos y la población residente (el llamado “turismo de borrachera”). Un conflicto social que ha generado protestas vecinales y que está en la agenda política de muchos ayuntamientos, teniendo como caso emblemático el municipio de Barcelona.

Aunque la convivencia sea la parte más vistosa del problema de los “pisos turísticos”, su rentabilidad superior respecto al alquiler no vacacional está generando otras problemáticas. En Barcelona, según un estudio de la consultora EY de 2015, los beneficios que genera un alquiler medio de 750 eur pueden subir hasta 1.670 euros (+123%) como “piso turístico”.

Entre estas problemáticas destaca la especulación inmobiliaria que, avivada por la presión turística descontrolada, está provocando una escasez del alquiler convencional y un aumento del coste de la vida (con alto riesgo de gentrificación de algunos barrios). Sólo hay que echar un vistazo a los datos.

En el último informe trimestral de 2016 del portal inmobiliario idealista.com, se constata que Barcelona es la ciudad del Estado donde porcentualmente sube más el alquiler (+22,4%) y, según un informe sobre el mercado de la vivienda elaborada por Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), cuatro de cada diez inmuebles que se compraron en Barcelona durante el primer semestre de 2016 fueron adquiridos por inversores inmobiliarios.

La alta demanda residencial que tienen municipios como Barcelona, sumada al fenómeno de los “pisos turísticos”, está suponiendo un reto para los reguladores públicos. El derecho al acceso a la vivienda está cada vez menos garantizado y parece que la economía colaborativa, dentro de la lógica del mercado y el afán de lucro, está siendo más parte del problema que de la solución. Habrá que seguir trabajando en nuevos modelos económicos que garanticen plenamente los derechos de la ciudadanía.

Pisos turísticos ¿especulación inmobiliaria o economía colaborativa?

Neocolonialismo, democracia y migración

El origen del problema

Hace siglos que occidente inició su expansión imperialista hacía lo que hoy en día llamamos tercer mundo, países subdesarrollados o directamente países pobres. En aquel entonces, la estrategia era mandar tropas armadas a explorar y dominar nuevos territorios en busca de riquezas y recursos para el país que financiaba esas campañas.

Durante todo ese período no hubo reparos en invadir por la fuerza territorios ya poblados, llegando a exterminar, adoctrinar o esclavizar a la población autóctona (si hiciera falta) en nombre del “progreso” o de la fe. Aunque es innegable el hecho de que se impulsaron avances tecnológicos y sistemas democráticos en algunas colonias, estos pierden toda buena intencionalidad al estar claramente enfocados a favorecer los intereses comerciales de las metropolis.

Con el tiempo, el alto coste resultante de transportar y mantener grandes ejércitos más allá de las propias fronteras empezó a ser un problema. El uso de la fuerza para mantener el “orden establecido” comenzó a resultar insuficiente ante las revueltas populares que tuvieron lugar en las distintas colonias (los llamados movimientos de liberación nacional). Revueltas que acabaron por lograr finalmente, en mayor o menor grado, la independencia política pero no la económica.

Este suceso es clave para entender lo que hoy en día se conoce como neocolonialismo o colonialismo ecónomico. Las ex-colonias, al mantener un grado de dependencia económica elevado con las antiguas metropolis, acabaron estableciendo una nueva forma de colonización -políticamente “democrática”- basada en el comercio internacional (materias primas baratas y condiciones laborales pésimas) y la deuda externa.

Nada que extrañar de un sistema de mercado globalizado, diseñado y dominado por las grandes fuerzas de occidente (ex-metropolis), donde las políticas económicas suelen ir encaminadas a afavorecer a los países desarrollados en detrimiento del resto. Unas políticas que son muy determinantes a la hora de hablar del fenómeno de la migración.

El problema hoy

Cuando hay miles (o millones) de personas que no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades más básicas en su país de origen, no debería sorprendernos el augmento de olas migratorias que estamos presenciando en el sur de Europa, tema muy caliente a raíz de las recientes imágenes que nos llegan de Ceuta y Melilla.

¿Y cuál es la reacción de nuestros correspondientes gobernantes ante tal situación? ¿Hacen autocrítica de las políticas de cooperación internacional? No, simplemente acuden a la Unión Europea solicitando más recursos para parar la entrada de inmigrantes. Como si instalar vallas más altas y punzantes en las fronteras o poner droides a patrullar el Mediterráneo fuera a resolver el “problema” migratorio.

Además, por si no fuera ya suficiente dura la travesía para entrar en Europa, ¿cuál es la situación del inmigrante cuando llega?

Nuestros gobiernos criminalizan a personas que se juegan la vida, saltando vallas o cruzando el mar en pateras, en busca de una oportunidad para vivir dignamente como haríamos cualquiera de nosotros en su lugar (pura supervivencia).

La mayoría de democracias (por no decir todas) tienen fuertes leyes de inmigración, que permiten la expulsión del país y limitan derechos al colectivo inmigrante. Es curioso ver tantos esfuerzos y emfasis en “protegerse” de la llegada de inmigrantes, cuando la solución pasa por el país de origen y no por el de “acogida”.

La solución es compleja

El tema de la migración es muy complicado debido a muchos factores, de los cuales destacan el modelo socioeconómico y la huella ecológica derivada del mismo como los más determinantes. ¿Qué capacidad económica y ambiental tiene un territorio a la hora de absorver más población? Díficil respuesta pero que, a día de hoy, con los datos de que disponen los Estados modernos, seguramente se pueda hacer una estimación fiable. Otro tema aparte sería la necesidad de un cambio de modelo para mejorar esas estimaciones.

Aunque a día de hoy, estamos viviendo la paradoja de que mientras “tememos” la entrada de inmigrantes, se está produciendo una salida en tromba de inmigrantes y, conscuentemente, un descenso de la población. Así pues, por una regla de tres simple e independientemente de los programas de planificación familiar y salud reproductiva, entonces sí que sería posible plantearse la llegada de nuevos ¿no?

En el contexto de crisis sistémica actual, donde países occidentales como el nuestro no son capaces de garantizar los necesidades básicas de su ciudadanía (autoctona o extranjera), es normal que la gente “huya” o se “exilie” en busca de nuevas oportunidades. Curiosamente, lo mismo que hacen los inmigrantes que intentan cruzar la frontera de Ceuta y Melilla.

Al final, todo converge en un mismo problema, un sistema que no permite a las clases trabajadoras desarrollarse y emanciparse de las clases dominantes (tanto aquí, como allí), generando un malestar a nivel nacional y internacional.

Aquí tenemos que aprender a autoorganizarnos para no depender de las grandes multinacionales, a través de cooperativas de trabajo y consumo por ejemplo, y en la medida de nuestras posibilidades demostrar nuestra solidaridad internacional mediante programas de cooperación dirigidos directamente a la población de los países menos desarrollados (sin intermediarios gubernamentales).

La cruda realidad

Actualmente, no oigo a casi nadie quejarse de que haya “pakis” y “chinos” abiertos casi las 24h, marroquís o indios transportando bombonas de butano a peso, latinoamericanos cuidando de personas dependientes o norteafricanos recogiendo fruta en los campos. No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que los trabajos más duros y precarios recaen en el colectivo inmigrante, por un salario indecente la mayoría de casos, para que luego encima nos quejemos de que vienen aquí a “invadirnos”, cuando en realidad les estamos privando de cualquier oportunidad en su tierra de origen. Cinismo en estado puro.

Nuestro bienestar es a costa del sufrimiento de otros pueblos y nuestro silencio y pasividad nos hace complices de nuestros gobiernos. Hemos de hacer autocrítica de nuestro papel en todo este fenómeno migratorio y asumir responsabilidades al respecto; más aún cuando también estamos sufriendolo en nuestras propias carnes bajo el eufemismo de “movilidad exterior“. Un fenómeno que, aunque duela reconocerlo, seguramente se agravará en el futuro con la puesta en escena de los llamados países emergentes o BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y el Tratado Transatlántico de Inversión y Comercio (TTIP) si llega a prosperar.

En definitiva, la solución a los flujos migratorios “forzados”, en el contexto de globalización actual, pasa por una ruptura con el sistema económico a nivel internacional (un escenario lejano, a simple vista inalcanzable) pero eso no nos ha de desmotivar en absoluto, empecemos a actuar a nivel local y, en palabras de Gandhi, “seamos el cambio que queremos ver en el mundo”.

Pepe

 

[Nota sobre la inmigración y el tema religioso]

En los últimos años se ha ido extendiendo un temor derivado de la inmigración de origen musulmán, seguidores del Islam, sobretodo en el ambito político más cercano (municipios), donde han crecido tímidamente partidos xenófobos y racistas. Esto sucede en gran parte por la influencia de los medios de comunicación, que suelen asociar a este colectivo con el terrorismo yihadista y las teocracias de oriente próximo.

Obviamente, no todos los musulmanes son iguales y lo mismo sucede cuando hablamos de cristianos, judíos, budistas, etc. Aunque ello no quita el temor de la ciudadanía a que una autoridad religiosa (del signo que sea) quiera imponer su fe y sus creencias a toda la población a través de la Ley.

La solución a estos miedos pasa por establecer el principio de laicidad como pilar básico de la política y la educación. Laicidad no es sinónimo de ateísmo, como algunos nos quieren hacer creer, es sinónimo de respeto a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art 18 de la declaración universal de DDHH). La religión debe ser una práctica de la esfera privada y no una imposición a base de decretos como sucede actualmente en temas como la educación, el matrimonio homosexual, el aborto, etc.

Si logramos que esto sea así, conseguiremos eliminar uno de los grandes problemas de convivencia de la sociedad actual y avanzaremos juntos hacía un mejor entendimiento entre las distintas culturas que la componen (respetando la diversidad y la pluralidad de las mismas).

Neocolonialismo, democracia y migración

Protestas e intereses en Venezuela y Ucrania

A todas las personas que comparten simpatía con las revueltas de Ucrania y Venezuela les pido un poco de pensamiento crítico. Dejando claro que no defiendo a sus correspondientes gobiernos, creo que los intereses de occidente (EEUU y UE) están detrás de todo y nosotros picamos el cebo en nombre de la “democracia” (lo pongo entre comillas porque el término democracia ha sido devaluado por las élites hasta desdibujarlo del todo).

En Ucrania, la oposición controla el Parlamento pero los grupos neonazis controlan las calles. ¿Nadie se escandaliza por ello? ¿Qué dicen los grandes medios de comunicación acerca de esto? ¿La UE ha pedido en algún momento que se realice un referéndum popular sobre el tratado o simplemente quiere un gobierno que lo firme y punto? Muchos intereses de por medio y mucho oportunismo ante una revuelta, plural de inicio y monopolizada después.

En el caso de Venezuela, es evidente que sus políticas y alianzas como el tratado ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, …) no interesan a occidente y eso molesta, es peligroso incluso. Hay que acabar con ese empeño en crear una alternativa al sistema económico actual sea como sea.

Otro debate aparte es el autoritarismo de ciertos gobiernos. Realmente, ¿alguien tendría el valor de decirme que alguno de esos gobiernos es más autoritario que el nuestro? Alguno dirá que exagero, que aquí no hay muertes en las manifestaciones. Pues eso es básicamente porque, a diferencia de otros países, los manifestantes no llevamos armas a las protestas. No hay que engañarse, la violencia de Estado es proporcional al tipo de protesta.

En conclusión, si hacemos un poco de memoria histórica veremos que, cuando los poderes fácticos lo han considerado necesario, han tumbado gobiernos e incluso han dejado al fascismo entrar en escena para luego, una vez llegado el momento, reinstaurar una “democracia” a medida de sus intereses.

Protestas e intereses en Venezuela y Ucrania

Deute odiós i il·legítim

Segons el dret internacional i la doctrina elaborada per Alexander Sack al 1927 un deute pot ser considerat odiós quan: (1) hagi estat contret per un règim despòtic, dictatorial, amb l’objectiu de consolidar el seu poder, (2) en contra de l’interès de la ciutadania i / o en l’interès personal dels dirigents i de les persones properes al poder, i (3) amb el coneixement de la destinació odiosa dels fons prestats per part dels creditors. [1]

Des de la constitució del Banc Central Europeu (BCE), el capital del qual surt de les aportacions dels bancs centrals nacionals dels països de l’Unió Europea i per tant, de diners públics, la banca privada ha comprat i continua comprant deute públic a l’Estat a uns interessos molt superiors (~5%) als dels prèstecs que adquireix a través del mateix BCE (~1%). Una praxis que lluny d’apropar-nos a la recuperació econòmica, només  provoca més endeutament, retallades i malestar i patiment sobre la població.

Aquest augment del deute derivat de l’especul·lació financera, duta a terme amb diners públics per a més inri, és del tot il·legítim i compleix a la perfecció els requísits per a ser considerat un deute odiós. Per tant, la diferència d’interessos derivada d’aquesta activitat (~4%) no s’hauria de pagar.

Per un altre banda, apart d’analitzar els interessos que genera el deute, també cal estudiar l’origen del mateix. És a dir, qui ha generat aquest deute i per a quina fi.

En el cas particular de l’Estat espanyol, la corrupció (prinicipalment urbanística) ha generat un expoli de fons públics que, a la llarga, també ha acabat incidint en la necessitat de finançament exterior i conseqüentment, en un major endeutament públic. En especial, els suborns i les comissions a canvi de recalificacions urbanístiques o adjudicacions públiques.

El problema derivat d’aquestes males arts no és només el deute derivat de la construcció d’obres faraòniques clarament innecessàries per a la ciutadania (aeroports fantasma, trams d’AVE, ciutats de la cultura, etc) sino que, a més, a dia d’avui, algunes d’aquestes obres continuen generant despeses malgrat estar inclús en desús.

Un altre motiu de l’endeutament públic ha sigut la progressiva baixada d’ingressos de l’Estat, deguda principalment a les anteriors privatitzacions de serveis públics rentables (energia, telecomunicacions, etc), la venta de patrimoni (per llogar-ho després!)[2], l’augment del frau fiscal (agreujat per la reducció dels recursos destinats a perseguir aquests tipus de delictes econòmics) i la reducció de la càrrega impositiva a les rentes més altes (per raonaments purament ideològics i insolidaris).

Aquesta gestió política, clarament contraria als interessos de la ciutadania, em portaria a considerar odiós (com a mínim) tot aquell deute derivat de la construcció i manteniment d’infraestructures que s’ajusten a les característiques abans mencionades, i segurament em quedi curt…

Amb aquesta exposició vull deixar en evidència que és just i necessari estudiar a fons l’origen del deute per desxifrar com hem arribat a la situació actual, depurar responsabilitats i evitar que torni a passar en el futur (replantejant-nos l’actual model econòmic).

Ara que entren a debat els pressupostos generals, tant a l’Estat com a la Generalitat de Catalunya, és un bon moment per plantejar-nos seriosament si l’activació d’una auditoria del deute ens podria salvar de tots els retrocesos en drets socials que es materialitzaran un cop s’hagin aprovat els pressupostos als corresponents parlaments.

Pepe

Deute odiós i il·legítim

La cultura política (3/3)

La economía

Y por último, el tema más complejo y que más controversía está provocando en la escena política actual: la economía. Hoy en día, hablar de economía es algo muy común, está en boca de todos gracias a la actual crisis. Sí, esa que no es culpa de nadie y de todos a la vez.

I. Reflexiones

Desregulación, globalización, deslocalización, especulación, evasión fiscal, acumulación desmedida, crecimiento infinito.  ¿Qué ha causado esta crisis? ¿Y las anteriores? ¿Estamos ante una crisis sistémica? ¿Una estructural?

Entidades financieras, gobiernos, inversores, aseguradoras, agencias de calificación, familías, grandes empresarios, asalariados, pymes, autónomos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes velan por el buen funcionamiento de la economía? ¿Quiénes forman parte de los famosos “mercados”? ¿Quién controla a quién?

Deuda pública, recortes, privatizaciones, precariedad, paro, desigualdad, pobreza, destrucción del medio ambiente. ¿Qué más queda por llegar? ¿Qué nos espera a corto y largo plazo? ¿Hay alternativas a las actuales políticas de austeridad? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos?

II. Un poco de historia

El modelo social de la Europa de postguerra, nuestro querido Estado del bienestar, se ha basado principalmente en una corriente económica llamada keynesianismo. Keynes y sus partidarios propusieron un sistema capitalista “cíclico” donde el Estado era el encargado de reactivar la economía durante las crisis estructurales del propio sistema, derivadas de la acumulación de capital y la necesidad de crecimiento infinito para sobrevivir.

En este modelo de economía mixta, que incorporaba elementos de mercado libre (propiedad privada, empresas capitalistas) y de planificación (propiedad pública, empresas estatales), se daba especial importancia a la redistribución de riqueza vía impuestos para garantizar un acceso universal a los servicios básicos y un buen sistema de Seguridad Social.

Todo fue bien hasta que, durante la crisis del petróleo de los años 70, se produjo un fenómeno económico que las políticas keynesianas no supieron resolver, la estanflación (estancamiento e inflación a la vez) . Derivado de ello, algunos economistas comenzaron a cuestionar el modelo keynesiano y eso llevó al surgimiento de una “nueva” corriente socio-económica, basada en el liberalismo clásico, el llamado neoliberalismo. Sus máximos exponentes políticos de la época fueron Reagan en EEUU y Thatcher en Reino Unido.

Esta “nueva” corriente alcanzaría su apogeo durante los años 90, tras la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la URSS, coincidiendo con el comienzo de una nueva etapa histórica: la globalización.

III. Crítica al Estado del bienestar

Antes de analizar las políticas neoliberales, me gustaría revisar si el bienestar de estos últimos 30 años ha sido real o ha sido ficticio. A día de hoy, es fácil detectar aquellos países en los que ha sido claramente ficticio. Todos aquellos que se han basado en búrbujas económicas y crédito para mantenerlo. Pero creo que si analizamos las políticas económicas, dejando a un lado la especulación y los préstamos, nos encontraremos con uno de los factores que más ha influido a la hora de lograr ese bienestar: el neocolonialismo, el imperialismo del siglo XX.

La explotación “económica” de los denominados países subdesarrollados (sobretodo África y Lationamérica) es el motor de la economía global y en consecuencia, uno de los mecanismos que ha permitido y aún permite mantener el Estado del bienestar occidental. Cuando los países desarrollados no puedan seguir extrayendo recursos a bajo coste y contratantado mano de obra barata fuera de sus fronteras, entonces se empezarán a igualar las condiciones de vida a nivel mundial y se acabará desenmascarando nuestra realidad.

Obviamente, las políticas neoliberales actuales también jugarán un papel muy importante en este proceso, pues lo accelerarán aún más. Mientras que el neocolonialismo aumenta la desigualdad a nivel internacional (entre países), el neoliberalismo hace lo propio a nivel internacional y nacional (entre clases sociales).

IV. Neoliberalismo

La llegada del neoliberalismo es, en mi opinión, el tiro de salida del desmantelamiento del Estado del bienestar [1]. Es un punto de inflexión. Es el momento histórico en el que se abandonan las políticas de intervención estatal (y de planificación de la economía) para dar la bienvenida a la desregulación de los mercados.

Durante este período se inician grandes privatizaciones del sector público que, sin entrar a discutir si son beneficiosas o no, originan un clientelismo entre clase política y clase económica que actualmente conocemos como la teoría de las puertas giratorias[2][3]. Y por otro lado, la desregulación provoca un aumento desenfrenado de la especulación que se traduce en la formación de mega búrbujas financieras e inmobiliarias (en diversos países).

Todo parece ir “bien” hasta que de repente, en 2006, explota la burbuja inmobiliaria en EEUU y esta origina la crisis de las hipotecas subprime o también conocida como crisis NINJA (No Income No Job no Assets). Crisis que se propaga a nivel mundial a finales de 2008, provocando una gran crisis económica que aún dura y que castiga con fuerza a Europa, especialmente a la zona periférica -los peyorativamente denominados PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain), Irlanda y recientemente Chipre-.

V. El poder de la deuda

En Latino América, al caer las dictaduras, se sustituyeron los ejércitos por otro instrumento de control mucho más eficaz y menos costoso: la deuda externa. Detrás de este mecanismo de conquista encubierta[4][5], tenemos como principales actores al Banco Mundial y al FMI. Las políticas económicas de estos organismos no democráticos siempre han tenido las mismas consecuencias en los países dónde se han aplicado: la creación de más deuda y las consecuentes medidas para devolverla (recortes, privatizaciones, trabajo precario, expolio de los recursos naturales, etc). Generando así aún más deuda, entrando en un ciclo infinito perverso del cual no se puede salir.

Ahora se repite la misma historia pero con distinto escenario y diferentes actores. La Troika (CEBCE y FMI) es la encargada de imponer las recetas económicas y Europa es la nueva paciente.

Tal y como sucedió en América Latina y como ha reconocido incluso la propia Troika con el caso de Grecia, las políticas de recuperación económica y  devolución de la deuda no están sirviendo para reactivar la economía de los países donde se están aplicando [6]. Unas políticas que además, no afectan a toda la población por igual [7][8].

Si a principios del siglo XXI, se equiparaba por primera vez el gravamen sobre los rendimientos del trabajo y del capital [12], ahora parece que la tendencia de las políticas fiscales es volver a gravar más el trabajo [13][14]. Estas medidas, sumadas a la evasión fiscal incontrolada, tanto ilegal (dinero negro) como legal (ingeniería financiera y paraísos fiscales), están provocando un empobrecimiento de gran parte de la población porque afectan muy directamente a las clases media y baja.

VI. Modelo económico actual

Recientemente, el especialista en psicología clínica Antoni Talarn, en una aparición en la telivisión pública [15], explicaba que la dinámica psicológica que propicia el sistema capitalista fomenta la codícia, la avarícia y la corrupción. Afirmando así que la crisis global que vivimos es consecuencia del propio sistema.

Según su opinión, nuesta época globalizada se caracteriza por la uniformidad y tiende a la ley del mínimo esfuerzo y a un pensamiento único y débil que como consecuencia, genera una sociedad donde hay un desconocimiento profundo del otro, miedo al futuro y una obsesión por la previsión y el control.

Si esto es así, ahora más que nunca, necesitamos construir un pensamiento crítico que ponga en entredicho ese pensamiento único del que habla el señor Talarn. Aunque para ello, debamos explorar y debatir antes todos los distintos modelos socioeconómicos que se presentan como alternativos al actual, desde los más reformistas hasta los más rompedores.

VII. Alternativas

A la polarización clásica entre capitalistas (liberales o socialdemócratas) y anticapitalistas (socialistas o anarquistas) se ha añadido hace poco una nueva corriente llamada la “Economía del Bien Común“. Que después de estudiarla a fondo [9], he llegado a la conclusión de que es una especie de economía participativa (parecon) con toques de socialismo autogestionario en donde coexiste una propiedad privada -democráticamente- limitada, una pública -comunitaria- y una híbrida según el tamaño. En definitiva, un mix de los dos sistemas clásicos.

Sea cual sea el módelo de cambio, es muy importante quedarse con el mensaje de que hay alternativas y que no son utopías, que algunas ya se están aplicando en otros países incluso. Nunca antes se había visto tantas propuestas por parte de la sociedad civil: renta básica, salario máximo interprofesional [10], autoconsumo energético [11], bancos de tiempo, presupuestos participativos, cámaras deliberativas ciudadanas, etc. Estamos viviendo un momento histórico.

En definitiva, creo que es necesario provocar  una ruptura con el sistema actual para poder iniciar un proceso constituyente, basado en el consenso y la particpación ciudadana, que dé como resultado un nuevo modelo -abierto y democrático-, beneficioso para la mayoría, donde prime la justícia -social y ambiental- sobre el dinero y los intereses individuales que nos han llevado a la situación actual.

Pepe

La cultura política (3/3)

La propiedad de todos

Hace poco me tope con “La Carta de los Comunes” (pdf). Un mini-libro de madrilonia.org y el Observatorio Metropolitano que se presenta así:

En nuestros días, cuando ni el Estado ni el mercado son capaces de cuidar los bienes naturales, los servicios públicos y la libre difusión del conocimiento, La Carta de los Comunes propone una constitución imaginaria, al estilo de fueros y cartas pueblas, para garantizar el acceso universal, la gestión democrática, la sostenibilidad y la inalienabilidad de estos bienes y servicios, imprescindibles para la vida.

Antes de leerlo, me imaginaba que sería una exposición nostálgica del comunismo pre URSS pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Los autores del libro han adaptado las ideas del siglo XIX a los tiempos actuales y han simulado como sería su aplicación a día de hoy, en la cosmopolita Madrid. De la lectura se pueden abstraer dos conceptos, que la propiedad puede ir más allá de la dicotomía pública – privada y que la gestión de los bienes comunes no tiene porque estar en manos del Estado.

Como sociedad hemos de identificar aquello que queremos que sea universal para todos (naturaleza, cultura, sanidad, educación, agua, fuentes de energía, etc) y protegerlo en la forma jurídica comunal, contemplada en el artículo 132 de la Constitución.

¿Por qué necesitamos este nuevo marco legal? Porque actualmente la propiedad pública está ligada al Estado y eso nos expone a constantes privatizaciones de sectores básicos para la sociedad. Ante tal indefensión, necesitamos una regulación que garantice la gestión pública (estatal o popular) de los bienes comunes sin intereses privados de por medio.

En definitiva, sólo se puede vender al sector privado aquellas propiedades públicas que no declaremos comunes.

Pepe

La propiedad de todos